en defensa de los líderes sociales

Prevención en vez de reacción, atención a las regiones y no dejar en sus manos y con sus recursos las políticas en defensa de los derechos humanos, educar a los jóvenes para prevenir la violencia, garantizar que se haga justicia con los casos de los líderes asesinados, acompañamiento, articulación, protección y empatía fueron algunas de las palabras y frases más mencionadas por los participantes del I Foro Virtual de Derechos Humanos en Todo el Territorio, en el que se abordó la problemática de los líderes sociales en Colombia.

Durante el evento coincidieron todos en la necesidad de dejar de ver a los líderes amenazados y asesinados como una cifra y empezar a verlos como personas con necesidades de acompañamiento para su ejercicio de liderazgo. 

Justamente al respecto se pronunció el personero de Cali, Harold Cortés.

Y es que la situación no es alarmante solamente en los territorios con evidente violencia, como lo denunció la personera de Pereira, Sandra Lorena Cárdenas.

Y en los territorios más azotados con la violencia y amenazas, el llamado al gobierno nacional fue a la coherencia, como lo expresó el personero de San José del Palmar, Chocó, Jorge Enrique Perea.

Lideresas como Yenny Mosquera, de Santa Cecilia, Pueblo Rico, llamaron también al Gobierno a acompañar, no solamente en la necesidad de protección sino también en la necesidad de formación de líderes y lideresas.

Así mismo, como delegada poblacional para líderes y defensores de la Unidad Nacional de Protección – UNP, Angélica Rodríguez pidió articulación de todos.

El personero de Medellín, William Yefer Vivas Lloreda, alertó al respecto de que la situación de los líderes sociales es la que ocupa en primera línea la mente y las acciones de los defensores de derechos en toda Antioquia.

César López, el artista y líder social fue enfático en la importancia del arte y la educación para intervenir la raíz del problema que hoy tiene a los Colombianos reaccionando.

Y en esa misma medida se extendió el llamado del enlace regional de rutas de protección de la UNP, Robinson Rodríguez, frente a la necesidad de participar todos de los programas preventivos de la entidad.

Justamente una de las voces de alarma la encendió José Oner Jiménez, líder social indígena y miembro de la CUT en Risaralda, quien indicó que los mal llamados territorios ‘tranquilos’ como este departamento, tienen la necesidad de ser escuchados desde sus diferentes problemáticas

Y por esa línea fue el llamado de Jhon Édgar Castillo, personero de Suratá en Santander, quien indicó que los problemas de defensa ambiental, de polarización política y de amenazas al sector educativo también deben ser mirados ‘con lupa’. 

En conclusión el evento dejó cinco solicitudes específicas que serán remitidas al gobierno nacional, plasmadas en un manfiesto: 

 1.            Alzar una voz de alerta frente a los más de 250 líderes sociales asesinados este año en Colombia y los cientos de líderes amenazados que mantienen la zozobra sobre su vida y la de sus familias. 

 2.            Hacer un llamado enérgico a las autoridades nacionales como responsables de la seguridad de todos los ciudadanos, para que se impulsen acciones de protección y prevención a fin de salvaguardar la vida de todos. 

3.            Sentar un precedente desde las Personerías Municipales, de todos los territorios del país, al respecto de la importancia de que sean acogidas con carácter prioritario las solicitudes de los Personeros y Personeras, quienes buscan la defensa de la vida y a quienes acuden la mayor cantidad de personas que se sienten intimidadas para obtener una respuesta.

4.            Llamar la atención de todos los colombianos al respecto de la necesidad de respetar nuestras diferencias y privilegiar la vida por encima de cualquier ideología o pensamiento. 

5.            Garantizar el ejercicio de las funciones a los Personeros y Personeras en Colombia, quienes, en el ejercicio de sus funciones de protección y promoción de Derechos Humanos, también son víctimas de intimidaciones y amenazas que pretenden obstruir las funciones de denuncia ante las autoridades competentes, frente a hechos tan graves como las amenazas a líderes sociales.