Ese trabajo será a tra v és de la creación del Comité de Articulación Interna para la Garantía de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Prevalencia de los Derechos de la Niñez a nivel departamental.    

En dicho ente, la Personería de Pereira tendrá a un representante permanente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Resolución 1050 del 27 de noviembre del 2019.    

“A las reuniones del Comité serán invitados con carácter permanente un representante de la Defensoría del Pueblo y un representante de la Personería Municipal de la ciudad capital en su condición de integrantes del Ministerio Público con el fin de socializar y coordinar acciones en el territorio”, menciona el documento.    

Entre los objetivos a cumplir dentro del comité sobresalen la implementación de la transversalización del enfoque diferencial y la socialización, discusión y concertación de las estrategias, enfoques y conceptos en asuntos de Derechos Humanos de las Mujeres y Prevalencia de los Derechos de la Niñez.    

El comité tendrá que coordinar acciones que garanticen su articulación, para tal fin los integrantes deberán informar en las sesiones a través de la elaboración de informes, detalles del avance de los proyectos, asistencia a comités o reuniones interinstitucionales, procesos disciplinarios, convenios de cooperación, entre otros.    

Es válido mencionar que los entes públicos deben trabajar en aras de eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra las niñas, niños, adolescentes y mujeres, incluida la violencia intrafamiliar, el feminicidio, el acososexual, la explotación sexual y demás violencias sexuales, la trata de personas, el feminicidio, el desplazamiento forzado, entre otras formas de violencia.    

Al interior de dicho comité, la Personería de Pereira trabajará de la mano con los demás integrantes en promover activamente la sensibilización sobre la implementación de la perspectiva de derechos humanos de las mujeres y prevalencia de derechos de la niñez.  

Adicional a eso, buscar que se hagan efectivas las políticas públicas y demás acciones preventivas, penales, de protección y atención que contribuyan a la erradicación de todas las formas de violencia y estigmatización contra las mujeres y las niñas en los espacios públicos y privados.