Tras la reunión se acordó la realización de un censo para conocer con claridad el número de migrantes venezolanos en la capital risaraldense

El interés interinstitucional por salvaguardar derechos y garantías ciudadanas de los migrantes venezolanos fue expuesto este miércoles en una mesa interinstitucional, donde Procuraduría, Personería de Pereira y Defensoría del Pueblo se comprometieron a buscar los mecanismos para que la llegada de los extranjeros se convierta en un proceso productivo para la región.  

La personera de Pereira, Sandra Lorena Cárdena, destacó que los migrantes venezolanos que llegan a Colombia tienen condición especial de refugiados. Por esta razón, aseguró que desde el Ministerio Público se hace la tarea de trazar líneas de intervención para evitar que se vulneren sus derechos como ciudadanos.  

“Desde la Personería de Pereira ya presentamos un proyecto de acuerdo en materia de Derechos Humanos, en el cual se establece una ruta de atención para los migrantes que llegan a nuestra ciudad”, explicó la Personera.       

Agregó que una parte de los  migrantes están en condición irregular, es decir, no cuenta con el Permiso Especial de Permanencia y es por eso que muchos se han dedicado al comercio informal. “Es para ellos que tratamos de idear una política pública”, dijo.  

Por su parte, el procurador regional Ernesto Amézquita calificó a la migración como un fenómeno mundial, que en muchos países ha servido para impulsar diferentes campos y manifestó su interés por garantizar los derechos de los más jóvenes.  

“Tenemos que proteger a niñas, niños y adolescentes en materia de educación, salud y empleo. Por eso, estamos trabajando en varios proyectos con el Sena y las Secretarías de Desarrollo Social para que la población venezolana goce del ejercicio de sus derechos, pero que cumpla con los deberes y obligaciones como ciudadanos”, dijo Amézquita.    

La Defensora del Pueblo de Risaralda, Elsa Gladys Cifuentes, coincidió en que los menores de edad, independientemente de su estatus migratorio, deben ser atendidos desde el sector salud y se les debe garantizar la educación.     

“Hemos logrado, que esos derechos sean asumidos por la administración municipal y departamental. Hoy podemos decir que Risaralda es un departamento modelo hablando del tema de tratamiento humanitario que se la ha dado a los migrantes que ha dejado esta crisis humanitaria”, subrayó la Defensora.  

Como conclusión, se enfatizó que los migrantes no pueden dejar de ser atendidos, independientemente de su estatus migratorio, cuando existen necesidades como la falta del mínimo vital para subsistir, así como la atención en materia de salud y escolar.